IPJJ - Interagency Panel on Juvenile Justice

Reglas & normas de referencia de las Naciones Unidas

 

 

Declaración Universal de Derechos del Hombre (1948)

La Declaración Universal de Derechos del Hombre proclama el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Se compone de 30 artículos que reafirman, entre otros, el derecho a la vida y a la libertad, a la igualdad ante la ley, el derecho a circular libremente, el derecho a la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, y al derecho a la educación. Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forma la Carta Internacional de los Derechos del Hombre.

 

Instrumentos jurídicamente vinculantes

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue el primer instrumento internacional en el que se establecieron normas relativas a la justicia de menores. Concretamente, el Pacto prohíbe condenar a muerte a los menores de 18 años, ordena mantener a los menores procesados separados de los adultos y llevarlos ante los tribunales de justicia a la mayor celeridad, garantiza al acusado menor de edad los mismos derechos que a los demás acusados, y exige a los Estados Partes que al enjuiciar a los menores tengan en cuenta su edad y la importancia de estimular su rehabilitación social.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

Este Pacto Internacional, adoptado el mismo día que el Pacto de derechos civiles y políticos, otorgue derechos económicos, sociales y culturales a todas las personas. Afirma el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el derecho de toda persona a la educación, sin discriminación. Con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, forma la Carta Internacional de los Derechos del Hombre.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) & su Protocolo Facultativo (2002)

La Convención contra la Tortura fue creada para hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Una investigación pronta e imparcial será conducida siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, y la víctima de un acto de tortura podrá tener reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada. La Convención tiene un Protocolo Facultativo que establece un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad.

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) & sus 3 Protocolos facultativos (2000, 2000, 2011)

La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento legal más importante sobre la justicia juvenil porque tiene carácter obligatorio en todos los países miembros de la ONU, excepto por Somalia y los Estados Unidos de América (que todavía no la ratificaron). Los artículos específicos en relación con la justicia juvenil son los Artículos 37 y 40. La Convención tiene tres Protocolos facultativos: relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000); relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000); y relativo a un procedimiento de comunicaciones (2011).

Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006)

La Convención contiene una definición precisa, así como disposiciones innovadores para una mejor prevención, protección y reparación por casos de desapariciones forzadas. Subraya que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad y estipula que nadie será detenido en secreto. Otras disposiciones se refieren a las medidas preventivas, la cooperación internacional, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, las medidas relativas a los niños, así como la adopción cuyo origen es una desaparición forzada.

 

Observaciones generales de los Órganos de tratados

Observación General No. 10 del Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos del niño en la justicia de menores (2007)

Esta Observación General tiene como objetivo alentar a los Estados Partes a elaborar y aplicar una política general de justicia de menores a fin prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil sobre la base de la Convención y de conformidad con ella, y ofrecer orientación y recomendaciones con respecto al contenido de esa política general de justicia de menores.

Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a ser escuchado (2009)

Esta Observación General ofrece una interpretación del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al derecho del niño a ser escuchado. También trata del derecho del niño a ser escuchado en procedimientos judiciales penales, tan para el niño infractor como para el niño víctima o testigo (párrafos 57 a 64).

Observación General No. 13 del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (2011)

Esta Observación General tiene por objeto instruir a los Estados partes para que comprendan las obligaciones que les incumben, en virtud del artículo 19 de la Convención, de prohibir, prevenir y combatir toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación del niño, incluido el abuso sexual, mientras este se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, entre ellos los agentes estatales. Describe las medidas legislativas, judiciales, administrativas, sociales y educativas que los Estados partes deben adoptar.

Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (2013)

Esta Observación General constituye una interpretación de los artículos relacionados con el interés superior del niño y sirve como orientación a los Estados sobre la manera de cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención. Destaca que al evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión sobre una medida concreta, se deberían seguir los pasos que figuran a continuación: a) En primer lugar, determinar cuáles son los elementos pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso, para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás; b) En segundo lugar, para ello, seguir un procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho.

 

Justicia juvenil

 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores: las Reglas de Beiing (1985)

Las Reglas de Beijing proporcionan orientación a los Estados para que protejan los derechos de los niños y respeten sus necesidades cuando establezcan sistemas separados y especializados de justicia de menores. Fueron el primer instrumento legal internacional que detalló de manera comprehensiva las normas para la administración de justicia de menores con un enfoque centrado en el derecho de los niños y su desarrollo.

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil: las Directrices de Riad (1990)

Las Directrices de Riad representan un enfoque integral y proactivo de prevención y reintegración social, en donde se detallan estrategias sociales y económicas que involucran a las diversas instancias sociales. La prevención no es vista solamente como una manera de evitar situaciones negativas, sino más bien como un medio para promover el bienestar general.

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad : las Reglas de la Habana (1990)

Este instrumento detallado establece los estándares que se aplican cuando un menor es confinado a una institución o establecimiento, sea un penal, correccional, entidad educativa o de protección, o sea que la detención se haya hecho debido a que se le ha encontrado convicto o por sospecha o porque ha cometido una falta o simplemente porque se estima que el menor está "en riesgo".

Administración de la justicia de menores: las Directrices de Viena (1997)

Las Directrices de Viena están consideradas como la resolución fundacional del IPJJ porque invita al Secretario General de la ONU a considerar de que se establezca un grupo de coordinación sobre asistencia y asesoramiento técnicos en materia de justicia de menores. El documento contiene un anexo entitulado "Proyecto de directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal" que provee un conjunto de medidas integrales que es necesario implementar para establecer un sistema de justicia de menores que funcione con eficiencia y en concordancia con los estándares internacionales.

 

Tratamiento de los reclusos

 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) & Procedimientos para la aplicación efectiva (1984)

El objeto de las Reglas Mínimas es establecer los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Algunas disposiciones se refieren a los juveniles. En 1984, el Consejo Económico y Social adoptó los Procedimientos para la aplicación efectiva de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos a la atención de todos los Estados cuyas normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o reclusión no estén a la altura de las Reglas Mínimas.

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988)

Estos Principios fueron adoptados para contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estos 39 principios cubran temas tales como la tortura durante la detención, la comunicación con el mundo exterior, la asistencia de un abogado, los experimentos médicos o científicos, las infracciones disciplinarias, la confidencialidad de los recursos, la muerte o desaparición durante la detención.

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (1990)

Con la adopción de estos Principios, la Asamblea General reconoció la utilidad de elaborar una declaración de los derechos humanos de los reclusos. Estos 11 principios cubran temas tales como el respeto de las creencias religiosas, el derecho a participar en actividades culturales y educativas, la abolición del uso del aislamiento en celda de castigo, el acceso a los servicios de salud, el principio de no discriminación, y la reincorporación del ex recluso.

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes: las Reglas de Bangkok (2010)

Las Reglas de Bangkok contienen 70 normas que aborden las necesidades específicas de las mujeres en el sistema de justicia penal y en las cárceles. Fueron diseñadas para profundizar algunas cuestiones que se cree que no han recibido suficiente atención en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (1955) y las Reglas de Tokio (1990).

 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975)

Esta Declaración fue adoptada como norma de orientación para todos los Estados y demás entidades que ejerzan un poder efectivo, nueve años antes de la adopción de la Convención contra la Tortura. Subraya que todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y que ningún Estado permitirá o tolerará tales actos.

Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura (1982)

Estos Principios de ética médica afirman que constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o pasiva del personal de salud, en particular de los médicos, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos. Además, no podrá admitirse suspensión alguna de estos principios por ningún concepto, ni siquiera en caso de emergencia pública.

Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (2000)

Estos seis principios subrayan la importancia de aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias; de determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos; y de facilitar el procesamiento de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación.

 

Pena de muerte & Ejecuciones extralegales

Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte (1984)

Estas Salvaguardias se basan sobre nueve principios a la atención de los países que no han abolido la pena de muerte. Afirman que no serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito y que sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos.

Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (1989)

Estos 20 Principios abordan tres aspectos de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias: la prevención, la investigación y los procedimientos judiciales. Destacan que no podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra. En materia de prevención, este texto recomienda que los gobiernos velarán por que se mantenga a las personas privadas de libertad en lugares de reclusión públicamente reconocidos y proporcione inmediatamente a sus familiares y letrados u otras personas de confianza información exacta sobre su detención y paradero incluidos los traslados.

 

Medidas sustitutivas del encarcelamiento & justicia reparadora

 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad: las Reglas de Tokio (1990)

Las Reglas de Tokio tienen el propósito de involucrar a la comunidad en el manejo de la justicia penal, especialmente en el tratamiento de los infractores, así como promover entre ellos un sentido de responsabilidad hacia la sociedad. El sistema de justicia penal deberá proveer una amplia gama de medidas correctivas que no incluyan la prisión, y que consideren las fases anteriores al juicio y las disposiciones después de que se dicte la sentencia.

Principios básicos para la aplicación de programas de justicia restitutiva en materia penal (2002)

Esta resolución contiene en anexo los elementos de un anteproyecto de declaración de principios básicos sobre la utilización de programas de justicia retributiva en materia penal. Estos principios estipulan que por lo general se debe disponer de programas de justicia retributiva en todas las etapas del proceso de justicia penal y además describe detalles sobre el funcionamiento de los programas de justicia retributiva.

 

Víctimas

 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (1985)

Esta Declaración no se refiere específicamente a los niños pero aborda los principios fundamentales de justicia para todo tipo de víctima, como por ejemplo: el acceso a la justicia y trato justo, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia.

Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (2005)

Estas Directrices constituyen un marco práctico para prestar asistencia para la revisión y la elaboración de leyes, procedimientos y prácticas con objeto de garantizar el pleno respeto de los derechos de los niños víctimas y testigos de delitos, y para prestar asistencia y apoyo a quienes se dedican al cuidado de los niños para que traten con sensibilidad a estos niños.

 

Asistencia jurídica

Principios y directrices sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal (2012)

Estos principios y directrices tienen por objeto impartir orientación a los Estados acerca de los principios fundamentales en que se ha de asentar un sistema de asistencia jurídica en materia de justicia penal, y describir los elementos concretos necesarios para que un sistema nacional de asistencia jurídica sea eficaz y sostenible. En particular, se recomienda que los Estados velen por que se adopten medidas especiales para los niños a fin de promover su acceso efectivo a la justicia y prevenir la estigmatización y otros efectos negativos de su contacto con el sistema de justicia penal. Además señalan que en todas las decisiones relativas a la asistencia jurídica que afecten a niños, el interés superior del niño debe ser la consideración primordial.

 

Buena gobernanza

 

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979) & Directrices para la aplicación efectiva del Código (1989)

Este Código de conducta se compone de 8 artículos que establecen varios principios importantes y requisitos previos para el ejercicio de las funciones de cumplimiento de la ley. En particular, subraya que en el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de la ley y del Código y por oponerse rigurosamente a tal violación. Este Código cubre temas tales como el uso de la fuerza, de las cuestiones de carácter confidencial y de la corrupción. En 1989, el Consejo Económico y Social adoptó Directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura (1985) & Procedimientos para la aplicación efectiva de estos Principios básicos (1989)

Los Principios básicos fueron formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de garantizar y promover la independencia de la judicatura. Subrayan que la independencia de la judicatura debe ser garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Sus disposiciones se refieren a la libertad de expresión y asociación de los jueces; la competencia profesional, selección y formación; el secreto profesional e inmunidad; y las medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo. En 1989, el Consejo Económico y Social adoptó Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990)

Estos Principios Básicos subrayan que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos. Invitan a los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley a examinar continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Estos 26 principios cubran situaciones tales como el caso de reuniones ilícitas; la vigilancia de personas bajo custodia o detenidas; y les cuestiones de las calificaciones et de la capacitación.

Directrices sobre la Función de los Fiscales (1990)

Las Directrices sobre la Función de los Fiscales fueron formuladas para asistir a los Estados Miembros en su función de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento penal. Subrayan que los fiscales, en su calidad de miembros esenciales de la administración de justicia, mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión. Sus disposiciones se refieren a la libertad de expresión y asociación de los fiscales; la función de los fiscales en el procedimiento penal; y las actuaciones disciplinarias contra los fiscales. Dos artículos tratan de las alternativas del enjuiciamiento, en particular para los menores de edad (artículo 19).

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990)

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados fueron formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados. Subrayan que los abogados deberán mantener en todo momento el honor y la dignidad de su profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia. Sus disposiciones se refieren al acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos; las salvaguardias especiales en asuntos penales; la libertad de expresión y asociación de los abogados; y las actuaciones disciplinarias contra abogados.

Directrices para la prevención del delito (2002)

Las Directrices para la prevención del delito fueron formuladas para no solo prevenir el delito y la victimización, sino también para promover la seguridad de la comunidad y contribuir al desarrollo sostenible de los países. En las directrices se esbozan los elementos necesarios para una prevención eficaz del delito, incluyendo la función rectora del gobierno, la integración de consideraciones de prevención del delito en todos los programas y políticas sociales y económicos pertinentes, y la implementación de programas de capacitación y de creación de capacidad.

 

Instrumentos regionales

 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (1950)

Este Convenio Europeo (en inglés) garantiza derechos humanos a las personas, incluido el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad, el derecho a un proceso equitativo, y el derecho a un recurso efectivo en caso de violación de estos derechos. Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Convenio tiene algunos protocolos que modifican sus disposiciones: los protocolos 6 (1983) y 13 (2002) estipulan que queda abolida la pena de muerte y que nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969)

El Pacto de San José garantiza derechos humanos a las personas, incluido el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a garantías judiciales, el derecho a la protección de la dignidad, y el derecho a la indemnización en caso de error judicial. Se compone de 82 artículos que reafirman, entre otros, que no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad. El artículo 19 afirma que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990)

La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (en inglés) puede ser considerada como una adaptación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el contexto regional de la cultura africana. Fue adoptada por la Organización de la Unidad Africana (ahora la Unión Africana). Al igual que la Convención, la Carta tiene un enfoque holístico de los derechos del niño. También contiene normas sobre los niños en conflicto con la ley (artículo 17).

Directrices sobre una justicia adaptada a los niños (2010)

Las directrices (en inglés) abordan las cuestiones del papel, de los puntos de vista, de los derechos y de las necesidades de los niños en los procedimientos judiciales, así como en las alternativas a dichos procedimientos. Son las nuevas reglas que ayudan a asegurar que los niños sean tratados adecuadamente por y en el sistema de justicia. Se basan en una serie de normas importantes, tales como la participación, los mejores intereses para el niño, el cuidado y respeto, la igualdad de trato y el estado de derecho.