IPJJ - Interagency Panel on Juvenile Justice

Prioridades & estrategias

Prioridades de intervención

La reforma de los sistemas de justicia juvenil de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos representa una enorme y compleja tarea que involucra a múltiples actores y secciones del gobierno. Se tienen que tomar decisiones difíciles en un contexto de escasez de recursos, intereses en conflicto, falta de voluntad política e, a veces, influencia negativa de los medios de comunicación. Con esto en mente, se han señalado las siguientes áreas como las que necesitan atención prioritaria.

 

Eliminar la pena de muerte y la cadena perpetua para los jóvenes

La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe claramente la pena capital y la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

Actualmente solo seis países tienen todavía la pena de muerte para los jóvenes: Arabia Saudita, Irán, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo y Yemen. En 2005 una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos de América puso término a la pena de muerte para los jóvenes, lo que dio como resultado que 72 personas se libraran de la muerte.

Aproximadamente 12 países en todo el mundo permiten que los menores tengan una condena de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación. De ellos, solo cuatro - Israel, los Estados Unidos de América, Sudáfrica y Tanzanía - tienen menores que están cumpliendo esa condena.

Eliminar la tortura y la violencia contra los niños

La Convención sobre los Derechos del Niño estipula que ningún niño debe ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, la tortura y los tratos inhumanos a los niños persisten en el mundo. En el desempeño de sus mandatos respectivos, los expertos del Comité de los Derechos del Niño, el Relator especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias denuncian estos casos.

En 2003, el Secretario General de las Naciones Unidas designó un Experto independiente encargado de dirigir un estudio mundial sobre la violencia contra los niños para presentar un cuadro general de la naturaleza, extensión y causas de la violencia contra los niños y proponer recomendaciones para prevenir y dar respuesta a este problema. A fin de promover la difusión del estudio y garantizar un seguimiento eficaz de sus recomendaciones, una Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños fue designada en 2009.

Reducir la duración de la detención preventiva

En todo el mundo, niños y adolescentes pasan una extraordinaria cantidad de tiempo en celdas de la policía u hogares de custodia que se encuentran en condiciones deplorables y permanecen allí semanas y hasta años antes de la expedición del resultado de un juicio o audiencia. La mayoría de jóvenes privados de libertad no han sido declarados culpables de un delito y no se les ha hecho un juicio legal.

Esta situación concreta puede conducir a violaciones de los derechos de los niños y también de las normas de detención y del trato de los niños que se encuentran en conflicto con la ley. Los sujetos que se encuentran en detención preventiva están expuestos a las peores condiciones de reclusión pues, con frecuencia, los centros de detención están hacinados, son insalubres e inadecuados para niños.

Promover remisión y alternativas a la detención

En todas las instancias posibles, las niñas y los niños deberían estar separados del sistema de justicia formal e atendidos por procesos restaurativos realizados en la comunidad; de hecho, tales procesos inciden sobre las causas de su comportamiento e identifican estrategias efectivas para prevenir la reincidencia. La evidencia demuestra que la remisión tiene posibilidades de afectar positivamente la reducción de la tasa de infracciones.

La remisión y las alternativas a la detención tienen como objetivo interrumpir el círculo vicioso del estigma social, la violencia, la humillación y el quiebre de las relaciones sociales. No son solo social y psicológicamente preferibles, sino que muchas de las opciones extraoficiales de la justicia son también menos costosas que los procedimientos judiciales y la detención.

Poner énfasis en la prevención

La prevención es crucial para reducir de manera sistemática los problemas socioeconómicos y psicosociales que enfrentan los niños y jóvenes, y que contribuyen a que entren en conflicto con la ley. Aunque el descuide de este aspecto es frecuente, a favor de políticas de corto plazo "de mano dura contra el crimen" que son políticamente más visibles.

El éxito del trabajo de prevención demanda esfuerzos para crear condiciones que reduzcan la discriminación en toda la sociedad y que promuevan la inclusión y el acceso a los servicios básicos, lo que significa luchar contra la marginación, la exclusión, la explotación y otras injusticias sociales (lo que puede generar comportamientos sancionados por la ley).

Garantizar la reintegración del niño

La falta de recursos y de atención al seguimiento después de la liberación y la reintegración da como resultado que muchos niños y adolescentes sean liberados luego de la detención sin recibir ningún tipo de apoyo o solo un soporte muy limitado. La mala planificación de la rehabilitación del niño y el apoyo a su regreso a la vida normal es un factor agravante el riesgo de reincidencia.

Los programas de reintegración tienen como objetivo restablecer la relación entre el niño y la sociedad, después de su liberación, ayudando al niño a reintegrarse en la comunidad, mejorando sus capacidades y preparándolo para enfrentar los problemas que podría encontrar al salir de prisión.

 

 

Estrategias

Después de la identificación de prioridades de intervención, esta sección presenta algunas estrategias destinadas a asegurar unos sistemas de justicia de menores que son verdaderamente respetuosos de los derechos de los niños.

 

Justicia reparadora

La justicia reparadora se basa en el equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y la preocupación por la seguridad pública y la prevención del delito.

El sistema de la "justicia restaurativa" es preferible a lo de la "justicia retributiva" (basado en la "retribución" y el castigo) que generalmente no responde a los mejores intereses de la víctima, ni del infractor ni de la sociedad en general. El enfoque intenta "restaurar" y "reparar" las relaciones dañadas (entre la víctima, el infractor y la comunidad) promoviendo soluciones para reparar los daños, reconciliar a las partes involucradas, restaurar la armonía de la comunidad y tranquilizar a todos los involucrados.

Enfoque basado en los derechos del niño

El enfoque basado en los derechos del niño considera a cada niño como un ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al desarrollo para completar su potencial. El enfoque basado en los derechos del niño entiende que los niños tienen experiencias esenciales que ofrecer, y que merecen que sus mejores intereses sean atendidos mediante la adecuada asignación de recursos e implementación de todos los derechos considerados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El enfoque basado en los derechos del niño no se circunscribe a la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos en relación con la justicia juvenil (aunque obviamente es una meta clave para la reforma de la justicia juvenil); los medios para alcanzar la implementación de estos derechos es igualmente importante. Al atender no solo los Artículos 37 y 40, sino también los cinco principios generales de la Convención (no discriminación, mejores intereses, implementación y recursos, vida, supervivencia y desarrollo, y participación), se puede desarrollar un marco holístico que sustente el diseño e implementación de las reformas que se van proponiendo.

Reforma legal

La legislación de muchos países requiere una reforma urgente para que sea compatible con las directrices de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y otros lineamientos de las Naciones Unidas sobre justicia de menores. Además de modificar la legislación, existe también la necesidad urgente de desarrollar, implementar y monitorear las políticas y procedimientos centrados en el niño y los derechos basados en el niño.

Entre otros, se necesita: asegurar que los menores de 18 años tengan la protección de un sistema separado de justicia y que no se les trate como adultos; eliminar la categoría de delito a la "vagancia", "merodeo", víctimas del comercio y explotación sexual y el estatus de falta al ausentismo escolar y al "escape"; y establecer la edad mínima de responsabilidad penal en un nivel adecuado.

Capacitación y sensibilización

Para que la reforma sea posible son esenciales la capacitación y la sensibilización formal e informal de los actores del sistema de justicia juvenil. La experiencia demuestra que debido a que los actores están interrelacionados, la capacitación debe ser intersectorial y también debe capacitarse por grupos específicos de abogados, jueces, fiscales, asistentes sociales, oficiales que hacen el seguimiento de la libertad condicional, personal de los centros de detención, etc.

La reforma de la justicia juvenil debe desafiar las actitudes negativas, generalizadas y estereotipadas hacia los menores en conflicto con la ley mediante la sensibilización, la educación pública y venciendo las barreras que existen entre los mismos niños y la persona que toma las decisiones en el contexto local.

Trabajar juntos

La reforma de los sistemas de justicia juvenil de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos será posible solo con una colaboración y cooperación entre todas las partes interesadas.

También es urgente mejorar el trabajo en redes y compartir información en el ámbito internacional para capitalizar el conjunto de experiencia que existe en el mundo sobre reforma de la justicia juvenil. Esta idea está en el origen de la creación del IPJJ.